Elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga al balotaje

Las elecciones presidenciales en Perú han dejado un escenario de fragmentación extrema y una definición que, tras el conteo de más de la mitad de las actas, apunta a una contienda entre la derecha y la derecha conservadora. Con los datos actuales, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se perfilan para disputar la presidencia en junio, en un proceso marcado por fallas logísticas y una extensión inédita de la votación.

Con más del 50% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados parciales confirman que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta, obligando a una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

1. Resultados Parciales (ONPE)

La brecha entre los tres primeros candidatos es estrecha, manteniendo la expectativa sobre el orden final de los clasificados:

• Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,94%

• Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 14,80%

• Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 12,95%

2. Caos logístico y extensión de la jornada

La jornada electoral del domingo estuvo empañada por graves deficiencias operativas que impidieron votar a cerca de 63.000 ciudadanos. Ante los reclamos por falta de material y problemas técnicos:

• El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó una medida excepcional.

• Este lunes se habilitó una extensión de la jornada electoral en 13 locales específicos para garantizar el derecho al sufragio de quienes se vieron afectados por los problemas logísticos.

3. Dos modelos de seguridad y Estado

De confirmarse la tendencia, los peruanos elegirán entre dos propuestas con fuertes matices de autoridad:

• Keiko Fujimori: Centra su narrativa en la «recuperación del orden». Su promesa estrella es la construcción de cuatro nuevos penales y un megapenal de máxima seguridad para combatir la criminalidad.

• Rafael López Aliaga: El exalcalde de Lima propone un enfoque más drástico que incluye la declaración de un régimen de excepción con intervención de las Fuerzas Armadas en zonas críticas (especialmente minería ilegal), sumado a una reducción del aparato estatal.