El consultor Javier Patiño de RIA Consultores indicó que falta una mirada de abordar los biocombustibles desde una política agroindustrial, en el marco de las discusiones que se adelantan en el Senado para delinear una nueva ley para el sector.
El sector del bioetanol está más o menos consensuado sobre las posibles modificaciones y cortes pero las posiciones en torno a las cámaras y pymes de biodiesel siguen dispares.
En una presentación con diferentes medios, donde estuvo presente Safras News, Patiño hace hincapié en que no da lo mismo que haya industria a que no haya y que este debería ser el foco de toda la discusión.
El número para el productor no cierra explica y enumera diferentes preocupaciones como el precio de la soja más alto que el valor de la exportación, la diferencia que se paga entre Bahía Blanca y el Up River, en Rosario.
Entre el periodo 2016-2021 Argentina tuvo un corte obligatorio de biodiesel del 10% (B10) que buscaba impulsar la industria nacional; luego en junio de 2022 se pasó a un corte de 7,5% (B7,5) y salvo modificaciones temporales, se mantuvo en esos niveles. En este contexto, la industria pide ir a un corte de 15% (B15) en línea con los niveles de la región y de los grandes competidores.
Aclara el consultor que hay un consenso entre las partes de que en lugar de que la Secretaría de Energía asigne los volúmenes de abastecimiento para el corte obligatorio con gasoil, los productores competirían mediante licitaciones. El precio del biodiésel dejaría de ser fijado administrativamente por el Estado y pasaría a determinarse por las ofertas presentadas por las empresas en cada licitación o rueda de comercialización.
Esto no se discute, dice, el punto del conflicto es que se puedan dividir en grupos, las pymes, las grandes empresas y que haya lugar para una competencia pareja.
Patiño explica los beneficios de ir a un corte de B15, donde se retiraría de la oferta global unas 700.000 toneladas de aceite de soja, en un mercado global de 14,4 de mil millones de toneladas (5%). Además, se apuntalaría la competitividad de la harina de soja para exportación.
Entre otros puntos, el alza en el corte, mejoraría el poder de compra de la industria aceitera y permitiría sostener el entramado de pymes extrusoras que venden el aceite crudo a la industria no integrada del biodiesel. Finalmente, se mejoraría el precio de la soja al productor.
