El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de ley del mercado de capitales que busca eliminar restricciones económicas y promover la libre competencia.
La iniciativa contempla la modernización profunda de los títulos valores, el mercado de capitales, los instrumentos de garantía como la prenda y los warrants, y los fondos comunes de inversión, con el fin de abaratar los costos de financiamiento.
El proyecto modifica el Código Civil y Comercial de la Nación para consagrar el principio de neutralidad tecnológica en materia de títulos valores, habilitando de forma expresa los soportes digitales, la tokenización de activos y las tecnologías de registro distribuido.
Asimismo, introduce la figura de la ejecutividad sustancial, lo que permite agilizar drásticamente los tiempos judiciales ante incumplimientos.
En el terreno de los pagarés y letras de cambio, se autoriza el uso de cláusulas de actualización indexadas basadas en índices objetivos y la promesa de pago en especie con bienes fungibles, equiparándolos con herramientas exitosas a nivel regional como la cédula de producto rural para potenciar el financiamiento de mediano y largo plazo, especialmente para las Pequeñas y Medianas Empresas.
En cuanto al sistema de garantías, la iniciativa transforma el régimen de la prenda con registro e instituye el Sistema Federal de Registro de Garantías bajo la autoridad de aplicación del Banco Central de la República Argentina.
Esta red descentralizada e interoperable en tiempo real reemplaza el monopolio registral territorial, permitiendo incorporar activos digitales, flujos de fondos futuros y participaciones societarias como bienes prendables, además de agilizar los procedimientos de ejecución judicial y proteger adecuadamente las relaciones de consumo.
De forma complementaria, se actualiza el régimen de warrants para extenderlos a ciclos productivos en curso y permitir la venta directa a precios de mercado, eliminando el histórico remate obligatorio.
El texto también introduce cambios para fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de Valores, simplificar el acceso y la operatoria de las PyMEs, promover los fondos comunes de inversión permitiéndoles invertir en activos virtuales y regular de manera precisa el mercado secundario de obligaciones negociables, tarjetas de crédito y cheques de pago diferido.
Finalmente, se eliminan cargas burocráticas obsoletas, como el régimen de sociedades de capitalización y ahorro de 1943, y se adecuan los incentivos tributarios y los fideicomisos financieros para consolidar un entorno financiero más competitivo, seguro y alineado con los estándares internacionales.
