El próximo presidente de Colombia, que asumirá el 7 de agosto, enfrentará un escenario macroeconómico complejo, caracterizado por un presupuesto desfinanciado y la necesidad urgente de recuperar la inversión privada para revertir el estancamiento de la actividad, según un informe de S&P Global Ratings.
La calificadora identifica a la situación fiscal como el principal desafío para la nueva administración. El déficit fiscal de 2025 se proyecta en torno al 7% del PIB, un desequilibrio profundizado tras la decisión del gobierno saliente de suspender la regla fiscal por tres años, una medida que deterioró la credibilidad macroeconómica del país.
De acuerdo con S&P, esta suspensión generó nerviosismo en los mercados internacionales, encareciendo el financiamiento externo y debilitando la confianza de los inversores. En paralelo, la inversión fija bruta continúa por debajo de los niveles prepandemia, limitando el potencial de crecimiento de mediano plazo.
El consumo interno ha sido el principal sostén de la actividad económica, impulsado por remesas récord y aumentos salariales, aunque insuficiente para acelerar el crecimiento. Para 2025, el PIB colombiano se expandiría apenas 2,7%, mientras que el promedio de los últimos años ronda el 1,6%, según la agencia.
“El nuevo liderazgo heredará el desafío de reordenar las finanzas públicas, restaurar la regla fiscal y reactivar la inversión en un contexto de bajo crecimiento”, señala el reporte.
Colombia ingresa así en un año electoral clave, con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo, atravesado por un déficit fiscal elevado, una inflación persistente por encima del 5% y desafíos en materia de seguridad, factores que definirán la agenda económica del sucesor de Gustavo Petro.
