CARBAP rechaza la desregulación de la vacuna contra la aftosa

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su enérgico rechazo a la reciente medida del SENASA, que desregula la vacunación contra la fiebre aftosa al permitir la libre elección de veterinarios privados. Para la entidad, esta decisión pone en riesgo el estatus sanitario del país y desprotege a los pequeños productores.

A través de un comunicado emitido este 16 de marzo, la entidad gremial calificó la medida del organismo sanitario como «inoportuna e inconsulta». Según CARBAP, modificar la estructura central de la campaña de vacunación mediante un acto administrativo, y en pleno desarrollo de la misma, carece de sustento técnico y económico.

El fin del principio de solidaridad

El principal cuestionamiento de la entidad radica en la ruptura del esquema de las fundaciones de lucha sanitaria. Hasta ahora, el sistema permitía que todos los productores pagaran el mismo valor por dosis aplicada, independientemente de la escala de su producción.

• Impacto en Pequeños Productores: CARBAP advierte que el 51% de los establecimientos rurales de la región poseen rodeos pequeños (menos de 100 cabezas).

• Costos Dispares: Al desregular el mercado, los productores pequeños y dispersos enfrentarán costos operativos mucho más altos que los grandes establecimientos, perdiendo el beneficio de la tarifa unificada que ofrecían las fundaciones.

• Riesgo Sanitario: La entidad sostiene que el sistema actual es el que garantizó que Argentina se mantuviera libre de aftosa, y que atomizar la ejecución de la vacuna en veterinarios privados dificulta el control y la trazabilidad.

Radiografía del rodeo afectado

Para sustentar su reclamo, CARBAP presentó datos sobre la composición de los establecimientos ganaderos:

1. Micro-productores: El 17% de los campos tiene menos de 20 bovinos.

2. Pequeños productores: El 34% posee entre 20 y 100 cabezas.

3. Logística: Estos rodeos suelen estar en zonas de difícil acceso, donde la intervención de las fundaciones garantizaba la llegada del servicio a un costo social compartido.

«Se pretende modificar la estructura central de la campaña sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale ni evidencias económicas que lo respalden», sentenció la entidad.