El juez Enrique Lavié Pico rechazó la medida cautelar solicitada por Dredging International NV (DEME) para suspender la licitación del dragado y balizamiento de los ríos Paraná y Paraguay, argumentando la falta de pruebas que acrediten las denuncias de direccionamiento del proceso.
El fallo destacó la presunción de legitimidad de los actos administrativos y afirmó que la empresa no demostró la verosimilitud de su derecho ni la existencia de peligro en la demora, ya que la apertura de sobres está prevista para el 12 de febrero. Además, señaló que suspender la licitación afectaría el interés público.
El 2 de enero, DEME solicitó una medida cautelar contra la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para suspender la Disposición DI-2024-34 y el proceso licitatorio relacionado con la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal por arbitrariedad en el pliego, que favorece al actual operador, y pidió garantías para participar sin restricciones en la licitación. Además, argumentó que la disposición perpetúa una falta de competencia real en el sector, beneficiando al mismo grupo económico por décadas.
El 14 de enero, la Agencia Nacional de Puertos y el Estado respondieron destacando que las medidas cautelares contra la Administración requieren demostrar ilegalidad manifiesta y peligro de daño irreparable.
El tribunal concluyó que no se acreditaron dichas condiciones, especialmente considerando la presunción de legitimidad del acto administrativo y la ausencia de un perjuicio claro que justifique suspender el proceso licitatorio en esta etapa.
