El gobierno argentino oficializó la promulgación de la Ley Universitaria y la Ley de Emergencia Pediátrica, mediante los decretos 759/2025 y 760/2025. Sin embargo, postergó sus aplicaciones hasta que el Congreso defina el origen de los costos de cada ley.
Según indicaron en el boletín oficial, la efectivización de la ley universitaria implicaría un gasto de $1 billón aproximadamente para el presupuesto de 2025, y que según la ley de Administración Financiera, toda ley que autorice gastos fuera de lo presupuestado, debe explicar las fuentes de los recursos.
Sobre la ley de Emergencia Pediátrica se estima un gasto de $196 millones y tampoco se aplicará hasta que no se anuncien el origen de los recursos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos había mencionado hace algunas semanas que el gobierno tenía que promulgar las leyes pero sin aplicación. «El Congreso debe ser consciente de gastos no previstos según el presupuesto» , afirmó Francos en el evento de Amcham que sucedió a comienzo de octubre.
