En Expoagro 2026, el Gobierno Nacional dio pasos decisivos hacia la modernización del sector agroindustrial mediante la digitalización logística y la reapertura del debate por una nueva Ley de Semillas. El objetivo central es desregular la actividad, reducir la burocracia y establecer un marco de propiedad intelectual que incentive la inversión sin comprometer la autonomía del productor.
La agenda oficial en la muestra agroindustrial más grande de la región se centró en dos ejes: la implementación de la Carta de Porte Electrónica de Semillas (CPE Semillas) y la recepción de una propuesta de reforma legal por parte de la Mesa de Enlace para actualizar la normativa vigente desde 1973.
Carta de Porte Electrónica (CPE Semillas)
A partir de abril de 2026, el traslado de semillas en todo el territorio argentino dejará de depender de formularios físicos para pasar a un sistema 100% digital.
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Trazabilidad y Transparencia: El sistema integra los datos del INASE (Instituto Nacional de Semillas) y los organismos de control para seguir el movimiento de las bolsas en tiempo real.
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Eficiencia Logística: Los productores podrán gestionar la documentación de forma remota, eliminando la carga de papeles físicos en el transporte y agilizando los tiempos de despacho.
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Automatización: Esta medida se complementa con la automatización de pagos ante el INASE y la digitalización de los lotes de producción.
El debate por la Ley de Semillas: UPOV 78 vs. UPOV 91
La Mesa de Enlace entregó al Gobierno un documento consensuado para reformar la ley actual, buscando un equilibrio entre la innovación y los derechos del agricultor:
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Propiedad Intelectual: Las entidades reconocen la necesidad de pagar por la biotecnología para asegurar que las últimas innovaciones sigan llegando al país.
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Uso Propio: El sector exige que se preserve el derecho histórico del productor a reservar semilla de su propia cosecha para la siguiente siembra.
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Marco Internacional: Mientras el Gobierno analiza adherir al acta UPOV 91 (más restrictiva), el campo propone mantenerse bajo UPOV 78 para proteger la autonomía productiva y evitar regulaciones internacionales que consideran excesivas para la realidad local.
