A través de un comunicado oficial emitido este 4 de marzo, la entidad que representa a los productores bonaerenses y pampeanos reconoció que el país necesita reglas claras para fortalecer la innovación y proteger el trabajo de los obtentores (desarrolladores de genética). Sin embargo, advirtió que la adhesión al Acta 1991 de la UPOV atentaría contra la realidad productiva local.
El conflicto por el «Uso Propio»
El núcleo de la resistencia de CARBAP radica en cómo este convenio internacional altera el derecho del agricultor a reservar semilla de su propia cosecha para la siembra siguiente:
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Restricción del Derecho: Según la entidad, UPOV 91 limita severamente el concepto de «uso propio», una práctica histórica y legal en el sistema argentino.
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Desequilibrio de Poder: El comunicado alega que el acta amplía en exceso los derechos de los obtentores, rompiendo el equilibrio entre quienes desarrollan la tecnología y quienes la adoptan en el campo.
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Soberanía Productiva: Los productores temen que la adhesión implique una transferencia de renta excesiva hacia las empresas de biotecnología, encareciendo los costos de implantación.
La propuesta de la entidad
CARBAP sostiene que es posible fomentar la inversión privada sin necesidad de adoptar un marco internacional rígido que no se adapta a las particularidades de Argentina:
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Mecanismos Eficaces: Apoyan la creación de herramientas locales para que los obtentores cobren por su propiedad intelectual.
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Reglas Previsibles: Instan al Congreso a redactar una ley nacional que promueva la innovación pero que preserve las facultades del productor sobre su producción.
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Equilibrio Histórico: La entidad busca mantener la figura del agricultor como socio estratégico y no solo como cliente cautivo de la tecnología de semillas.
