La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó devolverle a Aceitera General Deheza (AGD) la suma de $23.511.622,40 tras declarar inconstitucional para un embarque el decreto 131/2022 del gobierno de Alberto Fernández que incrementó los derechos de exportación de subproductos de soja del 31,0% al 33,0%.
Durante la evaluación del fallo judicial, el contador especializado en temas tributarios del agro, Héctor Tristán, señaló que dos puntos porcentuales de retenciones representan una diferencia significativa y recordó que «el Gobierno no puede aumentar impuestos sin contar con una autorización legislativa suficiente».
«Los derechos de exportación son impuestos y están sujetos a las exigencias constitucionales de legalidad tributaria», remarcó Tristán al analizar el impacto del precedente sobre la comercialización de millones de toneladas en el sector.







