La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para analizar las solicitudes de juicio político presentadas contra el mandatario paraguayo Santiago Peña y su vicepresidente Pedro Alliana. La medida surge tras la resolución tomada por el Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir Ueno Bank ante una drástica pérdida en sus índices de solvencia patrimonial.
La decisión reguladora congeló de forma temporal las operaciones bancarias de unos 2,9 millones de clientes de la entidad crediticia. Ante la desestabilización institucional, la legisladora opositora Rocío Vallejo sostuvo que «el presidente debe irse porque se ha perdido la confianza en él», remarcando que la pérdida de capital quebrantó la credibilidad económica.
Ante el agravamiento de la crisis financiera, la administración nacional acordó con los titulares del Congreso avanzar en un marco normativo urgente para autorizar la cobertura mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
La iniciativa busca asegurar la devolución de fondos hasta un tope de 75 salarios mínimos (equivalentes a 228.300.000 guaraníes o 38.300 dólares) por titular. La medida alcanza al 97% de los clientes ahorristas y protege los activos colocados por el Instituto de Previsión Social (IPS).
En el plano judicial, el Ministerio Público dispuso la detención de ocho exdirectivos por presunta lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis.
