Tras 16 horas de debate ininterrumpido, el oficialismo y sus aliados lograron la aprobación del proyecto de Modernización Laboral con 42 votos a favor y 30 en contra. La norma, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, incluye el polémico traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Los cambios clave en el texto final
Para asegurar la mayoría, la Casa Rosada aceptó modificaciones de último momento en la negociación con los bloques dialoguistas y gobernadores:
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Aportes Sindicales: Se mantiene la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras, aunque con topes reducidos para aliviar la carga sobre los salarios.
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Impuesto a las Ganancias: Se eliminó el beneficio de reducción para grandes empresas, asegurando que no se afecte la recaudación coparticipable de las provincias.
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Obras Sociales: Se ratificó la alícuota del 6% para el sistema de salud sindical.
El nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
La reforma introduce un sistema de capitalización diseñado para reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las empresas ante los despidos:
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Grandes Empresas: Aportarán un 1% de la masa salarial al fondo.
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MiPyMEs: Tendrán un aporte del 2,5%.
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Garantía: Los legisladores aclararon que este fondo funciona como un respaldo de capitalización, pero no altera el régimen indemnizatorio vigente (Ley de Contrato de Trabajo).
Traspaso de la Justicia y rechazo opositor
La sesión estuvo marcada por la sorpresiva inclusión del anexo que transfiere los tribunales laborales a CABA. Mientras Patricia Bullrich defendió la medida como el fin de la «industria del juicio», el interbloque peronista votó en contra en bloque, denunciando la inconstitucionalidad de la norma y el riesgo de precarización.
Con la presencia de Karina Milei en los palcos, el Gobierno celebró el resultado como un paso decisivo para «desarmar la telaraña de leyes obsoletas» y fomentar la formalización del empleo en el sector privado.
