El mercado estudia que el reciente fallo judicial que obliga a la República Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los acreedores representa una amenaza externa que podría comprometer el rol estratégico de YPF en el desarrollo energético del país. Sin embargo, no representa una amenaza directa para las acciones de la empresa.
Según un análisis de Adcap, el fallo genera creciente preocupación entre los inversores, dado que buscarían liquidar rápidamente su participación para monetizar la sentencia, lo que implicaría ventas con descuento en un mercado sensible a una posible sobreoferta.
Esto afectaría el valor de los ADRs de YPF y debilitaría la estrategia del gobierno para posicionarla como pilar del desarrollo energético en Vaca Muerta.
Legalmente, Argentina enfrenta un panorama acotado: cumplir el fallo, apelar con expectativas inciertas o abrir negociaciones directas con los acreedores.
Adcap advierte que hasta ahora no hubo señales de diálogo por parte del gobierno, lo que agrava el daño reputacional y financiero justo cuando el país negocia con el FMI y busca atraer inversiones. La falta de acuerdo solo prolongaría la incertidumbre y elevaría el riesgo de una venta apurada que erosione el valor de YPF.
«Las acciones siguen registradas en la Caja de Valores en Argentina, y si bien es poco probable que Burford Capital –principal financiador de la demanda– solicite el pago en especie, su falta de interés estratégico en el sector hace casi inevitable una futura desinversión», añaden desde Adcap.
Por su parte, la firma Jefferies considera que el fallo del tribunal genera incertidumbre, pero no representa una amenaza directa ni operativa para la compañía.
«La ejecutabilidad del fallo es limitada, ya que el Estado argentino posee acciones locales (no ADRs) y cualquier cesión requiere aprobación del Congreso, algo considerado poco probable. Si bien el fallo genera ruido político y presión para que el gobierno negocie con los demandantes, el impacto real sobre YPF como empresa es muy acotado», añaden.
